Pensiones. El problema del futuro español
La sostenibilidad de las pensiones en España preocupa y mucho. Son muchos los factores demográficos y económicos que hacen de esto una incertidumbre constante, como el aumento de la esperanza de vida de los españoles en las últimas décadas, la bajada de la natalidad o la disminución de los fondos de la Seguridad Social destinados a estas prestaciones.
Y, por desgracia, también son muchos los años los que se lleva arrastrando este problema. Las pensiones eran una inquietud ya en el pasado, se tambalean para el futuro, pero son una cuestión muy actual.
En Tributum Asesores somos conocedores de esta preocupación y ponemos a nuestro equipo de Asesoría Laboral a tu disposición
¿Qué son las pensiones?
Una pensión es una cantidad de dinero que recibe una persona de manera ocasional o de por vida, proveniente de alguna entidad privada o del Estado, acorde a su legislación.
En España se puede hablar de dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas.
- Pensiones contributivas: son las prestaciones económicas que dependen de una relación jurídica previa con la Seguridad Social, siendo necesario demostrar un tipo mínimo de cotización a la misma en ciertos casos. Dentro de este tipo de prestaciones se encuentran las que se proporcionan por jubilación (ordinaria o anticipada), fallecimiento, incapacidad permanente y, dentro del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se circunscriben las pensiones por invalidez, vejez y viudedad.
- Pensiones no contributivas: aquellas prestaciones de carácter económico que se ofrecen a los ciudadanos que no hayan cotizado el tiempo requerido para obtener una pensión contributiva, y se encuentran una situación de necesidad de protección por falta de recursos para su sustento.
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la subsistencia de las pensiones en España?
El sistema de pensiones públicas se encuentra en crisis en España desde hace tiempo por diferentes causas. Sin embargo el desempleo producido por la pandemia por COVID-19 ha acrecentado su debilidad.
Entre esas razones ya existentes antes de la pandemia se encuentran:
- La esperanza de vida media en España es de 82,4 años, con lo cual el periodo de prestaciones por persona es considerablemente alto, teniendo en cuenta que la edad de jubilación en España está, en 2021, en 65 años para quienes cuenten con un periodo de cotización de 37 años y 3 meses o más, o 66 para los que no cumplan ese requisito.
- A esto hay que unirle que la tasa de natalidad en nuestro país es muy baja desde hace décadas. En el año 2020 se situaba en el 7,15 por 1000. Esto hace que cada vez sean menos los jóvenes que entran al mercado laboral para cotizar y sustentar esas pensiones.
- Por otro lado, la tasa de empleo en España también es muy baja, con lo cual, muchos jóvenes que sí que podrían trabajar tampoco pueden hacerlo porque no existen oportunidades laborales.
- A todo ello hay que sumarle que los fondos españoles reservados para financiar las pensiones en el futuro escasean.
En definitiva, cada vez son más los pensionistas, pero el número de trabajadores no aumenta en la misma proporción. Para hacernos una idea, para que el sistema se mantenga a flote se precisa de 2,5 cotizantes por persona pensionista. Pues bien, el informe “España 2050” ya advierte que en 30 años solo habrá 1,5 personas cotizando por pensionista, cifra que a día de hoy existe ya, alarmantemente, en algunas provincias españolas.
Y si son los trabajadores los que pagan las pensiones y estas son las cifras, no es difícil pensar que el sistema no se mantendrá mucho más tiempo si no se toman medidas firmes.
Los pasos del Gobierno
Desde hace años se vienen aplicando algunas medidas para poner remedio a la pésima situación de las pensiones. Entre dichas disposiciones ya existentes se encuentran el retraso de la jubilación que se viene llevando a cabo desde 2013 de manera paulatina, y que llegará a los 67 años en 2027.
A su vez, también se está incrementando el número de años de cotización necesarios para poder obtener el 100% de la pensión. Ambas cuestiones provocan que las personas tengan que trabajar y cotizar durante más tiempo.
El reciente pacto que se ha realizado entre el Gobierno y los agentes sociales arroja algo de luz frente a la crisis de las pensiones. Entre las principales novedades que trata este acuerdo se mencionan:
- La aplicación de una nueva fórmula de revalorización anual de estas prestaciones conforme al IPC, para sustentar el poder adquisitivo de las pensiones. Además, en caso de que los precios bajasen, las pensiones no se verían reducidas, simplemente quedarían congeladas.
- Se pretende implantar pautas para fomentar que las personas se jubilen en el momento exacto que les correspondería por la edad legal marcada para ello.
- Se fortalecen las penalizaciones para quienes quieran optar por una jubilación anticipada, basándose en el endurecimiento de los coeficientes reductores. Dichos coeficientes variarán entre el 2,81% y el 21% en las jubilaciones ordinarias y para las jubilaciones forzosas, entre un 0,5% y un 30%.
- También se refuerza la estructura de ingresos del sistema y se separan las fuentes de financiación del mismo, apoyándose con los Presupuestos Generales del Estado para así no tocar los fondos de reservas de la Seguridad Social.
- Se plantean nuevos incentivos para la jubilación demorada, es decir, por el retraso del retiro laboral aun habiendo llegado a la edad legal para ello. Por ejemplo, una posibilidad que se expone es un incremento de la pensión de hasta el 4% por año retrasado. Otra de las opciones será un cheque único extra, cuya cuantía puede variar entre los 4.786,27€ y los 12.060,27€, dependiendo del tiempo cotizado y del importe de la pensión. O, incluso, es planteable una combinación de ambos casos.
- Por otro lado, se exponen modificaciones para poder acceder a la jubilación activa, es decir, la situación en la que se puede compatibilizar el salario y la pensión, disponiendo que el trabajador debe haber continuado en activo un año adicional tras llegar a la edad legal de jubilación.
- Otra de las medidas que se han planteado es el compromiso de presentar el desarrollo reglamentario para que las personas que realicen prácticas, sean o no remuneradas (es decir, los becarios) se incluyan en la Seguridad Social con una reducción del 75% de cotización.
¿Cuándo se pondrán en marcha las nuevas medidas sobre las pensiones?
Este primer paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye estas novedades y otras, se prevé que entre en vigor a principios del año 2022, dado que ahora tiene que ser tramitado por el Congreso de los Diputados.
También, dentro de este pacto es importante destacar que se ha derogado y se contempla sustituir el polémico factor de sostenibilidad aprobado en 2013, que suponía la reducción de las pensiones para equilibrar el sistema. Este será reemplazado por un nuevo mecanismo de igualdad intergeneracional que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas. Dicha herramienta se plantea que deba estar definida para finales de 2021.
Con todo ello se pretende garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no solo para el momento actual y a corto plazo, sino asegurarlo a 20 o 30 años.
Aun así, esto no es suficiente. En primer lugar porque la crisis ya tiene una dimensión considerable como para tomar medidas más rápidas y continuadas. Por ejemplo, ya se sabe de antemano que para el próximo año quedan muchos temas pendientes por tratar, como modificar el periodo de cómputo de los años trabajados y que este se adapte así al sistema de carreras profesionales a las que se enfrentan los jóvenes hoy en día, las cuales son más inestables y discontinuas.
Pero, además de esto, cabe recordar que a los puntos específicos sobre pensiones, hay que sumar otros problemas que influyen en ellas y que deben contemplarse con urgencia, como son el problema del empleo y el problema demográfico.
En esos aspectos se debería trabajar también. Por ejemplo, definiendo una política de empleo más flexible que impulse la fuerza laboral de los españoles en los siguientes años, así como fomentar la implementación de incentivos que apoyen y favorezcan la natalidad.