La sostenibilidad de las pensiones en España preocupa y mucho. Son muchos los factores demográficos y económicos que hacen de esto una incertidumbre constante, como el aumento de la esperanza de vida de los españoles en las últimas décadas, la bajada de la natalidad o la disminución de los fondos de la Seguridad Social destinados a estas prestaciones.
Y, por desgracia, también son muchos los años los que se lleva arrastrando este problema. Las pensiones eran una inquietud ya en el pasado, se tambalean para el futuro, pero son una cuestión muy actual.
En Tributum Asesores somos conocedores de esta preocupación y ponemos a nuestro equipo de Asesoría Laboral a tu disposición
Una pensión es una cantidad de dinero que recibe una persona de manera ocasional o de por vida, proveniente de alguna entidad privada o del Estado, acorde a su legislación.
En España se puede hablar de dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas.
El sistema de pensiones públicas se encuentra en crisis en España desde hace tiempo por diferentes causas. Sin embargo el desempleo producido por la pandemia por COVID-19 ha acrecentado su debilidad.
Entre esas razones ya existentes antes de la pandemia se encuentran:
En definitiva, cada vez son más los pensionistas, pero el número de trabajadores no aumenta en la misma proporción. Para hacernos una idea, para que el sistema se mantenga a flote se precisa de 2,5 cotizantes por persona pensionista. Pues bien, el informe “España 2050” ya advierte que en 30 años solo habrá 1,5 personas cotizando por pensionista, cifra que a día de hoy existe ya, alarmantemente, en algunas provincias españolas.
Y si son los trabajadores los que pagan las pensiones y estas son las cifras, no es difícil pensar que el sistema no se mantendrá mucho más tiempo si no se toman medidas firmes.
Desde hace años se vienen aplicando algunas medidas para poner remedio a la pésima situación de las pensiones. Entre dichas disposiciones ya existentes se encuentran el retraso de la jubilación que se viene llevando a cabo desde 2013 de manera paulatina, y que llegará a los 67 años en 2027.
A su vez, también se está incrementando el número de años de cotización necesarios para poder obtener el 100% de la pensión. Ambas cuestiones provocan que las personas tengan que trabajar y cotizar durante más tiempo.
El reciente pacto que se ha realizado entre el Gobierno y los agentes sociales arroja algo de luz frente a la crisis de las pensiones. Entre las principales novedades que trata este acuerdo se mencionan:
Este primer paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye estas novedades y otras, se prevé que entre en vigor a principios del año 2022, dado que ahora tiene que ser tramitado por el Congreso de los Diputados.
También, dentro de este pacto es importante destacar que se ha derogado y se contempla sustituir el polémico factor de sostenibilidad aprobado en 2013, que suponía la reducción de las pensiones para equilibrar el sistema. Este será reemplazado por un nuevo mecanismo de igualdad intergeneracional que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas. Dicha herramienta se plantea que deba estar definida para finales de 2021.
Con todo ello se pretende garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no solo para el momento actual y a corto plazo, sino asegurarlo a 20 o 30 años.
Aun así, esto no es suficiente. En primer lugar porque la crisis ya tiene una dimensión considerable como para tomar medidas más rápidas y continuadas. Por ejemplo, ya se sabe de antemano que para el próximo año quedan muchos temas pendientes por tratar, como modificar el periodo de cómputo de los años trabajados y que este se adapte así al sistema de carreras profesionales a las que se enfrentan los jóvenes hoy en día, las cuales son más inestables y discontinuas.
Pero, además de esto, cabe recordar que a los puntos específicos sobre pensiones, hay que sumar otros problemas que influyen en ellas y que deben contemplarse con urgencia, como son el problema del empleo y el problema demográfico.
En esos aspectos se debería trabajar también. Por ejemplo, definiendo una política de empleo más flexible que impulse la fuerza laboral de los españoles en los siguientes años, así como fomentar la implementación de incentivos que apoyen y favorezcan la natalidad.